Cédula Verde Accesible

Nombre propuesto del programa

Nombre recomendado: Cédula Verde Accesible

• Opción A: "Cédula en Mano" — evoca el soporte físico con concreción.
• Opción B: "Soporte Verde para Todos" — enfatiza la inclusión del colectivo.

Resumen ejecutivo

Proponemos que el municipio eleve una declaración formal al Concejo Deliberante y una nota institucional a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y al Ministerio de Justicia de la Nación, solicitando que se establezca por resolución administrativa la opción de obtener la cédula verde automotor en soporte físico —plástico o papel— para jubilados y personas con discapacidad. La propuesta no tiene costo presupuestario municipal: se funda en el derecho de petición reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en la protección de adultos mayores y personas con discapacidad consagrada en el artículo 75 inciso 23. Pedimos que el Concejo vote la declaración dentro de los dos meses de presentada esta propuesta, para que el respaldo institucional acompañe la petición ciudadana ante la Nación.

El problema

La digitalización de la cédula verde automotor eliminó el soporte físico para todos los titulares registrales. Jubilados y personas con discapacidad —dos de los colectivos con mayores barreras de acceso tecnológico— no pueden acreditar la titularidad del vehículo en un control de tránsito cuando no disponen de dispositivo, señal o batería en ese momento. En la provincia de Buenos Aires hay 2.113.084 personas de 65 años o más, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del INDEC (12,1 % de la población provincial). En todo el país son 5.373.423 (11,8 % de la población nacional, mismo censo). A ese universo se suma el de personas con discapacidad, que el INDEC estima en alrededor del 10 % de la población adulta, sin desagregación por tenencia de vehículo disponible en las fuentes consultadas. La regulación de la cédula verde es competencia exclusiva de la DNRPA, organismo nacional bajo el Ministerio de Justicia: el municipio no emite ni modifica ese documento, pero puede respaldar institucionalmente el pedido.

Que se evaluo y que se eligio

Alternativa	Velocidad	Alcance	Viabilidad para el vecino	Obligatoriedad del resultado	Costo para el vecino
C. Petición al Ejecutivo nacional (DNRPA / Ministerio de Justicia)	3 a 12 meses si la norma es administrativa	5,37 millones de personas de 65+ en el país, más personas con discapacidad con vehículo	Parcial: el vecino arma la petición; el organismo decide	Una resolución de respuesta obliga a implementar	Medio: redacción fundada y respaldo de organizaciones
A. Declaración del Concejo Deliberante	1 a 2 meses para votar; no produce el cambio sola	Igual potencial, pero indirecto	Parcial: requiere concejal dispuesto	No obliga a nadie	Bajo: alcanza con llevar el pedido a un concejal
D. No hacer nada	Sin cambio	Ninguno	Total: no hay que hacer nada	No aplica	Ninguno

Elegimos combinar la opción C con la opción A: la declaración del Concejo da respaldo institucional y la petición ciudadana al Ejecutivo nacional es el canal que puede producir el cambio real. La opción A sola no alcanza; la C sola tiene menos peso sin el aval del municipio. Juntas son más eficaces que cualquiera por separado.

Costos y que consume

Esta propuesta no tiene costo presupuestario municipal: la petición fundada es un derecho constitucional que no requiere asignación de fondos. El único costo es el tiempo de Ignacio Bernasconi y de quienes se sumen para redactar la nota, reunir respaldo de organizaciones de jubilados o de discapacidad, y gestionar la presentación ante el Concejo y ante la DNRPA. Si el Concejo vota la declaración, el costo institucional es el de una sesión ordinaria ya prevista en el presupuesto deliberativo. El costo para la DNRPA de habilitar el soporte físico optativo no está disponible en las fuentes consultadas y deberá ser estimado por el organismo nacional. No se requiere contratación de personal municipal ni creación de nuevas estructuras.

Instrumento y base legal

Proponemos dos instrumentos paralelos. Primero, una declaración del Concejo Deliberante en los términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 6769/58), que habilita al cuerpo a pronunciarse sobre asuntos de interés general sin necesidad de promulgación del intendente. Segundo, una nota de petición ciudadana dirigida a la DNRPA y al Ministerio de Justicia de la Nación, fundada en el artículo 14 de la Constitución Nacional (derecho de petición) y en el artículo 75 inciso 23 (protección de adultos mayores y personas con discapacidad). Si la autoridad nacional toma la propuesta, el instrumento adecuado es una resolución administrativa de la DNRPA. Advertencia que no se puede omitir: si la digitalización de la cédula verde se implementó por ley del Congreso y no por resolución administrativa, la petición al Ejecutivo no alcanza y debe redirigirse al Poder Legislativo. Verificar el número de norma antes de presentar la nota.

Puesta en marcha

Semana 1

• Ignacio Bernasconi redacta el texto de la petición ciudadana con los fundamentos desarrollados en esta propuesta.
• Se contacta a centros de jubilados y organizaciones de personas con discapacidad del municipio para sumar firmas.
• Se identifica al concejal o bloque más afín para presentar el pedido de declaración.

Semana 2

• Se entrega la nota de petición en mesa de entradas de la DNRPA o del Ministerio de Justicia, con copia al intendente.
• Se presenta el texto de declaración ante el Concejo Deliberante a través del concejal o bloque receptor.
• Se comunica la iniciativa a medios locales y redes de organizaciones que puedan amplificar el pedido.

Mensualmente

• Ignacio Bernasconi consulta el estado de la declaración en el Concejo y el acuse de recibo de la DNRPA.
• Las organizaciones adherentes reportan si sus afiliados con vehículo siguen sin poder acreditar la titularidad en controles.
• Se actualiza a las organizaciones firmantes sobre el avance o la falta de respuesta del organismo nacional.

Como se va a saber si funciona

Qué se mide	Frecuencia	Qué resultado indica éxito
El Concejo Deliberante vota la declaración	Al cierre del segundo mes desde la presentación	Declaración aprobada y remitida a la DNRPA y al Ministerio de Justicia
La DNRPA acusa recibo de la petición y emite respuesta sustantiva	A los 30 días hábiles de presentada la nota	Respuesta formal con posición del organismo
La DNRPA publica una resolución que habilita el soporte físico optativo	Dentro de los 12 meses de presentada la petición	Resolución publicada en el Boletín Oficial
Jubilados y personas con discapacidad pueden solicitar el soporte físico en ventanilla	Al momento de la implementación	El sistema registral lo habilita sin requisito adicional al CUD o certificado ANSES
Organizaciones adherentes reportan casos concretos de obtención del soporte físico	A los 6 meses de la implementación	Al menos una organización confirma que afiliados lo obtuvieron
Escucha con organizaciones firmantes: se les pregunta si afiliados con vehículo pudieron gestionar el soporte	Cada tres meses desde la presentación	Al menos una organización reporta avance o traba concreta, para redirigir la gestión

Riesgos e incertidumbres

• La digitalización fue implementada por ley, no por resolución administrativa (Hipótesis no verificada): la petición al Ejecutivo no sería el canal correcto; habría que redirigirla al Congreso. Resolución: verificar el número de norma de la DNRPA antes de presentar cualquier documento.
• La DNRPA no responde o archiva la petición sin pronunciarse: sin respuesta sustantiva, el camino se alarga. Resolución: sumar firmas de organizaciones con representación nacional antes de presentar, para aumentar el peso de la petición.
• El trámite para acreditar la condición resulta más complejo que mostrar el celular: si el mecanismo de excepción crea un trámite nuevo engorroso, el beneficio se licúa. Resolución: proponer expresamente en la nota que la acreditación use credenciales ya existentes —certificado ANSES o CUD— sin formularios adicionales.
• El dato de jubilados y personas con discapacidad con vehículo registrado no está disponible (Hipótesis no verificada): impide dimensionar el costo para la DNRPA. Resolución: solicitar ese dato a la DNRPA como parte de la misma nota de petición, invocando la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
• El concejal receptor no impulsa la declaración: la opción A quedaría sin efecto. Resolución: identificar al menos dos bloques receptores alternativos antes de la presentación.

Fuentes y datos

• INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 — Resultados definitivos, base REDATAM. Población de 65 años y más en la provincia de Buenos Aires: 2.113.084 personas (12,1 % de 17.408.906), año 2022. Población de 65 años y más en Argentina: 5.373.423 personas (11,8 % de 45.618.787), año 2022.
• Constitución de la Nación Argentina (1994). Artículo 14: derecho de petición a las autoridades. Artículo 75, inciso 23: mandato al Congreso de legislar y promover medidas de acción positiva para adultos mayores y personas con discapacidad. Arts. 41–44. Presidencia de la Nación — argentina.gob.ar.
• Provincia de Buenos Aires. Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58). Artículo 27: facultad del Concejo Deliberante para emitir declaraciones sobre asuntos de interés general. Arts. 227–229. Texto consultado en la edición disponible.
• Congreso de la Nación. Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública (2016). Arts. 3–7 y 9–13: definición del derecho y obligaciones de los sujetos obligados. Arts. 19–22 y 25–29: procedimiento y plazos de respuesta. Art. 24: recursos. Invocada como vía para solicitar datos sobre titulares registrales.
• Congreso de la Nación. Ley 24.747 de Iniciativa Legislativa Popular (1996). Arts. 1–9: requisito del 1,5 % del padrón electoral nacional con representación en al menos 6 distritos. Citada como alternativa descartada por desproporción con el objeto de la propuesta.
• Poder Ejecutivo Nacional. Decreto 1172/2003 — Acceso a la información, audiencias públicas y elaboración participativa de normas (texto actualizado). Art. 1 y Arts. 5–21. Citado como marco de participación ciudadana ante el Ejecutivo nacional.
• Eduardo Arraiza (2023). Manual de Gestión Municipal (3.ª ed. ampliada). CIMA / Konrad Adenauer Stiftung. Capítulo III (pp. 56–66): competencias municipales en materia vehicular limitadas al tránsito local, licencias y patentamiento de vehículos no comprendidos en regímenes nacionales. Capítulo VI (pp. 138–140): política municipal. Capítulo XI (pp. 279–281): instrumentación de políticas públicas y herramientas normativas.
• Nicolás Fernández Arroyo y Lorena Schejtman (2012). Planificación de políticas, programas y proyectos sociales. CIPPEC / UNICEF Argentina. Capítulo 3, sección 3.1 (pp. 67–69): ciclo de vida de las políticas públicas municipales.
• Biblioteca Ciudades para un Futuro más Sostenible (CF+S), Universidad Politécnica de Madrid (2014). Buenas Prácticas de América Latina y el Caribe (Concurso Internacional de Dubai / ONU-Hábitat). Servicios sociales para grupos vulnerables, personas mayores y participación. Citado como antecedente de prácticas de accesibilidad en gobiernos locales.