Piso Seguro

Nombre propuesto del programa

Nombre recomendado: Piso Seguro

• CanchaOK: nombre cotidiano, fácil de recordar en campaña
• Estándar Deportivo Nacional: enfatiza la dimensión técnica y normativa

Resumen ejecutivo

Proponemos una ley nacional que cree el programa Piso Seguro: un sello nacional de certificación para instalaciones deportivas que adopten pisos bajo estándares internacionales reconocidos (FIBA, FIFA, EN 14904 o equivalentes), un registro de proveedores habilitados y acceso prioritario a subsidios como incentivo, con prioridad explícita para escuelas públicas y clubes de barrio. La adhesión arranca voluntariamente; en el tercer año toda obra nueva con financiamiento nacional deberá cumplir el estándar; en el octavo, todas las instalaciones existentes tendrán un plan de adecuación. La propuesta la presentamos mediante iniciativa popular ante la Cámara de Diputados de la Nación, conforme a la Ley 24.747, y beneficia a las más de 45 millones de personas que usan instalaciones deportivas en el país.

El problema

Los espacios deportivos de Argentina —canchas, polideportivos y gimnasios de escuelas, clubes y municipios— carecen de criterios técnicos obligatorios para sus pisos. La gran mayoría opera con hormigón pintado o superficies deterioradas sin propiedades amortiguadoras. Los pocos pisos instalados con mejor calidad no responden a estándares internacionales verificables, y el mercado de proveedores funciona sin registro ni control: cualquier empresa puede vender cualquier producto sin certificación técnica garantizada.

Esto afecta a toda la población que practica deporte o actividad física: más de 45,6 millones de personas según el Censo Nacional 2022 del INDEC, entre ellas más de 10 millones de menores de 14 años y más de 30 millones en edad activa. Las casi 15,5 millones de personas que asisten a establecimientos educativos —el 33,9 % de la población— son el núcleo más directo: usan instalaciones deportivas escolares a diario.

Que se evaluo y que se eligio

Elegimos la escalada C → B → A: arrancamos voluntario para construir masa crítica y habilitar proveedores, con la hoja de ruta hacia la obligatoriedad escrita desde el instrumento fundacional. Gana velocidad de arranque y viabilidad; el intercambio aceptado es menor alcance y equidad en el corto plazo, mitigado por la prioridad explícita para escuelas públicas y clubes de barrio.

Costos y que consume

El Estado nacional financia la gestión del registro, el sello y los subsidios como incentivo; estos últimos deben contar con crédito presupuestario y quedar sujetos al sistema de control previsto en la Ley de Administración Financiera 24.156 (Arts. 1–7), con auditoría de la Sindicatura General de la Nación. Verificar la vigencia de ese texto contra la fuente oficial antes de usarlo.

Las instituciones adherentes absorben el costo de adecuación de sus pisos. Para escuelas públicas y clubes de barrio ese costo puede ser prohibitivo sin apoyo explícito: el diseño del incentivo debe priorizarlos de forma directa.

La capacidad institucional que consume es: personal técnico con conocimiento de estándares internacionales en la Secretaría de Deporte para gestionar el registro y auditar certificaciones. Si esa capacidad no existe hoy, crearla es un costo previo al lanzamiento. El costo de adecuación por m² no está disponible; es el dato más urgente antes de comprometer montos.

Instrumento y base legal

Proponemos que el Congreso sancione una ley nacional que cree el programa. La Nación tiene competencia para fijar estándares de infraestructura deportiva y condicionarlos al acceso a fondos, con base en el artículo 75, incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional, y en los artículos 16 (incisos 59, 64 y 65) y 23 bis (inciso 16) de la Ley de Ministerios 22.520. La implementación en escuelas y clubes requiere coordinación con provincias y municipios conforme a los artículos 123–125 de la Constitución Nacional. Verificar la vigencia de todos estos textos contra las fuentes oficiales antes de usarlos.

Presentamos el proyecto mediante iniciativa popular ante la Cámara de Diputados de la Nación, habilitada por el artículo 39 de la Constitución Nacional y la Ley 24.747 (Arts. 1–9).

Puesta en marcha

Semana 1

• Redactar el proyecto en forma de ley con exposición de motivos, conforme al artículo 5 de la Ley 24.747.
• Registrar a los promotores con nombre, domicilio y descripción de gastos del proceso de recolección.
• Solicitar al Defensor del Pueblo la verificación del resumen que circulará en las planillas de firma (Art. 6, Ley 24.747).
• Identificar organizaciones de educación física, clubes de barrio y federaciones deportivas para sumar adherentes.

Semana 2

• Lanzar la recolección de firmas: se requiere el 1,5 % del padrón electoral de la última elección de diputados nacionales, distribuido en al menos 6 distritos electorales (Art. 4, Ley 24.747).
• Difundir la propuesta en medios, redes y asambleas de vecinos con los tres relatos preparados (autoridad, vecinos, prensa).
• Establecer contacto con bloques legislativos para anticipar el ingreso del proyecto.

Mensualmente

• Monitorear el avance en la recolección de firmas por distrito.
• Enviar las planillas completadas a la Justicia Nacional Electoral para verificación de autenticidad antes del ingreso a Diputados (Art. 7, Ley 24.747).
• Una vez ingresado el proyecto: acompañar el tratamiento en comisión de Deportes y comisión de Educación de ambas cámaras.
• Publicar el estado del proceso en canales propios de los promotores.

Como se va a saber si funciona

Riesgos e incertidumbres

• Oferta certificable insuficiente en el mercado local (hipótesis no verificada): si los proveedores argentinos no pueden certificar bajo estándar internacional en el corto plazo, el registro no tiene a quién habilitar. Se despeja verificando con la cámara del sector e IRAM antes del lanzamiento.
• Incentivo insuficiente para instituciones sin acceso a subsidios nacionales: el sello llega primero a quien ya participa de programas existentes. Se mitiga diseñando una línea de acceso específica para escuelas públicas y clubes de barrio con criterios de prioridad explícitos en la ley.
• Capacidad técnica inexistente en la Secretaría de Deporte (hipótesis no verificada): si no hay personal con conocimiento de los estándares FIBA, FIFA y EN 14904, el registro no puede auditarse. Se despeja con una consulta directa a la Secretaría antes de presentar el proyecto.
• Fragilidad de la hoja de ruta C → B → A: si la escalada hacia la obligatoriedad no queda escrita con plazos en el instrumento fundacional, las instituciones y los proveedores no tienen incentivo para anticiparse. Se resuelve incluyendo los plazos de obligatoriedad en el texto de la ley, no en reglamentaciones posteriores.
• Costo de adecuación por m² desconocido: sin ese dato no es posible dimensionar el fondo de incentivos ni la carga para las instituciones. Se despeja consultando licitaciones públicas recientes y proveedores del sector antes de la presentación final.
• Coordinación interjurisdiccional compleja: las escuelas y los clubes dependen de provincias y municipios; la Nación puede fijar estándares pero no imponer su implementación sin acuerdos. Se mitiga diseñando el incentivo económico como condición de acceso a fondos nacionales, lo que genera adhesión sin coerción.

Fuentes y datos

• INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (resultados definitivos, base REDATAM). Argentina, 2022.

• Población total: 45.618.787 personas.

• Población de 0 a 14 años: 22,1 % = 10.069.073 personas.

• Población de 15 a 64 años: 66,1 % = 30.176.291 personas.

• Personas que asisten a un establecimiento educativo: 33,9 % = 15.478.272 personas.

• Presidencia de la Nación — argentina.gob.ar. Constitución de la Nación Argentina (1994).

• Art. 14: derecho de petición a las autoridades (pp. 2–3).

• Art. 39: iniciativa popular de leyes (referenciado en la Ley 24.747).

• Art. 75, incs. 18 y 19: habilitación al Congreso para proveer lo conducente al bienestar general y al desarrollo humano (pp. 9–11).

• Arts. 123–125: autonomía provincial y municipal; reparto federal de competencias (pp. 19–20).

• Congreso de la Nación. Ley 24.747 — Ley de Iniciativa Legislativa Popular (1996).

• Art. 2: habilitación para presentar proyectos de ley.

• Art. 3: materias excluidas (tributos, presupuesto, reforma constitucional, tratados, materia penal).

• Art. 4: requisito de firmas — 1,5 % del padrón electoral de la última elección de diputados nacionales, distribuidas en al menos 6 distritos electorales.

• Art. 5: requisitos formales del proyecto (exposición de motivos, nombre y domicilio de promotores, descripción de gastos).

• Art. 6: verificación del resumen por el Defensor del Pueblo.

• Art. 7: verificación de autenticidad de firmas por la Justicia Nacional Electoral.

• (pp. 1–3 del texto citado)

• Poder Ejecutivo Nacional. Ley 22.520 — Ley de Ministerios (1981, texto ordenado y actualizado).

• Art. 16, inc. 59: competencia para determinar políticas de deporte a nivel nacional (pp. 12–14).

• Art. 16, inc. 64: competencia para planificar, ejecutar y supervisar obras de infraestructura deportiva, incluyendo tecnología aplicada al deporte (pp. 12–14).

• Art. 16, inc. 65: competencia para promover el deporte social con criterios de inclusión y federalismo (pp. 12–14).

• Art. 23 bis, inc. 16: competencia del Ministerio de Educación para promover la actividad física y deportiva con carácter educativo (pp. 46–51).

• Congreso de la Nación. Ley 24.156 — Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (1992).

• Arts. 1–7: requisito de crédito presupuestario para todo gasto y sistema de control sobre su aplicación (pp. 2–3).

• Art. 7 (referenciado como base de la auditoría por la Sindicatura General de la Nación).

• Fernández Arroyo, Nicolás y Schejtman, Lorena (2012). Planificación de políticas, programas y proyectos sociales. CIPPEC / UNICEF Argentina. Referenciado para la lógica de construcción gradual de evidencia antes de legislar (pp. 39–46, 67–69, 94–100, 109–110).

• Armijo, Marianela (2011). Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. CEPAL / ILPES, Serie Manuales N° 69. Referenciado para el diseño de indicadores de desempeño (pp. 71–97).